El ataque directo a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) por parte del Gobierno Federal tiene un profundo umbral económico que se materializa en la fibra óptica y este a su vez en el triple play[1]. La fibra óptica (material imprescindible para las telecomunicaciones en el siglo XXI) tiene una importancia estratégica en comunicaciones, en lo económico y en lo político, en otras palabras es fundamental para el desarrollo de México: es un sector estratégico.
La batalla por este servicio antecede el decretazo del 11 de octubre, el 30 de junio de 2009, LyFC y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentaron a las autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) la solicitud formal de Concesión de una Red Pública de Telecomunicaciones Interestatal para LyFC (la cual fue negada rotundamente), que permitiría a la empresa ofrecer el servicio de telecomunicaciones con el triple play, a través de la infraestructura de la red eléctrica y de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud[2] que tardaron diez años en instalar los trabajadores electricistas. Este servicio se daría en el Distrito Federal y zonas de influencia en el Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla,[3] no hay que olvidar que LyFC prestaba servicios de energía eléctrica a cerca de 25 millones de habitantes (cerca del 25% de la población nacional que representa el 40% de la economía nacional) en las 16 delegaciones del Distrito Federal, en 82 municipios del Estado de México, en 2 de Morelos, 45 de Hidalgo y 3 de Puebla.[4]
Se pretendía “ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad… la utilización de este sistema con la infraestructura de LyFC abarataría el costo de esos servicios”[5], a tal grado que el servicio de teléfono, internet y televisión costaría alrededor de 80 pesos mensuales. Esta situación la aclaro muy bien Raúl Pérez Vásquez[6] trabajador de LyFC en el departamento de gerencia comercial durante 26 años: “Hay intereses muy fuertes, hablaba yo de ganancias de más de 6 mil doscientos millones de dólares, por explotar tan solo el triple play, nosotros habíamos hecho un estudio de mercado y estábamos en condiciones de prestar este servicio con un costo mensual de 86, 87 pesos, mientras que el competidor más cercano tiene un costo de 389 pesos. Esos grandes intereses son los que precisamente pusieron en jaque a nuestro sindicato”.
Esto significaba que la paraestatal tendría tarde o temprano el control y el monopolio de uno de los negocios más prometedores del nuevo siglo, el cual, en México se estima en 6 mil millones de dólares anuales[7], esto en el área económica del país con la mayor preponderancia, arrebatándole el negocio a los grandes consorcios privados de la comunicación en México, principalmente Telmex, Televisa, Nextel y TV Azteca, además de otros grandes consorcios extranjeros del mismo ramo que ambicionan el control de las redes de fibra óptica de LyFC en el Valle de México.
Detrás de este golpe de Estado están intereses corporativos, económicos y políticos que tiene sus orígenes inmediatos en las elecciones del 2006. Es solo cuestión de recordar el pacto de Chapultepec, maniobra político-empresarial que ayudo a calderón a llegar al poder y lo comprometió con las empresas nacionales y extranjeras más poderosas del ramo. El Pacto presentaba cinco objetivos nacionales que el gobierno debería asumir como propios:
- Estado de derecho y seguridad pública.
- Desarrollo con justicia –crecimiento económico y empleo-.
- Formar y desarrollar capital humano y social.
- Desarrollo de capital físico.
- Reforma de la administración pública.
Objetivos que están claramente hermanados con la corriente liberal y que tenían por objetivo real recabar el compromiso por parte de los candidatos con el proyecto político de la clase empresarial. Este Pacto marcaba la necesidad de reformar el marco jurídico que impedía la inversión privada en áreas exclusivas del Estado, se proponía modificar el régimen jurídico que preservaba para la inversión pública la generación de energía, especialmente de hidrocarburos y eléctrica. La pretensión de este Pacto en realidad buscaba que las fuerzas políticas se inscribieran en un marco ideológico predeterminado y se diera por bueno lo que en realidad era solamente un gran negocio privado.[8]
Con estos antecedentes se comprende muy bien que en la lucha por obtener el manejo de este gran negocio no solo están poderosas compañías, si no también políticos que se desenvolvieron como intermediarios entre el sector privado y el público y que de alguna u otra forma están relacionados con estos sucios negocios. Así encontramos a compañías y políticos como la trasnacional española Telefónica encabezada por Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda de Fox, Cablevisión propiedad de Televisa, Telmex el gigante telefónico al que la SCT no le ha dado aún el cambio de título de concesión para que pueda competir en el triple play y WL Comunicaciones la cual es dirigida por dos panistas: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens ex secretarios de Energía de Vicente Fox[9], los cuales curiosamente compartieron secretaria con Calderón, además esta empresa impugnó la solicitud de LyFC para manejar la fibra óptica por medio del despacho de abogados que dirige Diego Fernández de Cevallos, jefe político del secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.
Al hacer esta relación de nombres y empresas, queda más que claro que atrás de la extinción de LyFC hay una gran lista de intereses privados que se intentan imponer a costa del beneficio público. La prueba de esto reside en dos acciones que evidencian los interés del gobierno federal: dos semanas después del decreto se abrió la licitación del espectro radioeléctrico de banda ancha (venta del servicio triplay) y en el nuevo paquete fiscal se exentó a las compañías que incursionaran en las nuevas frecuencias de pagar sus respectivos impuestos durante dos años. Además las concesiones se pretenden entregar a precios risibles, en Estados Unidos la fibra óptica con una intensidad de 90 megahertz se concesiona en 14 mil millones de dólares, en México se pretende concesionar la fibra óptica con una intensidad de 160 megahertz en 45 mil millones de pesos.[10] También para Raúl Pérez la situación es clara: “La fibra óptica es el gran negocio que esta de tras de todo esto, no es quitarnos nuestra empresa, no es quitarnos el contrato colectivo, es el interés que tienen las transnacionales, concretamente los españoles, de poder quitarnos esta gran inversión, esta gran oportunidad de crecer como país, de crecer en cuanto a empleos, de crecer en cuanto a tecnología”.
Hay que tener en cuenta que toda la infraestructura de LyFC la han pagado los mexicanos, construir 30 mil kilómetros de redes cuesta aproximadamente 300 millones de dólares, si hay mil 100 kilómetros, no es necesario hacer los cálculos para darse cuenta que esta grandiosa inversión que le costó al pueblo de México se está regalando al sector privado.
Estos argumentos contradicen frontalmente a los del Gobierno Federal sobre la extinción de LyFC, este argumenta que la compañía era deficitaria, se encontraba fuertemente endeudada, había un mal manejo de recursos, sus trabajadores era privilegiados, que era inviable su restructuración y que debido a esto la única solución era extinguir a la compañía, ya que presentaba un cargo sustancial para todos los mexicanos, como comenta María del pilar garrido trabajadora de LyFC en el departamento de ayudantes técnicos, seguridad y capacitación: “Tiene intereses que van más allá de lo que se comenta, que era una empresa que no era rentable, que había corrupción y demás, eso en nada tuvo que ver con la extinción de LyFC, los motivos van más allá, tiene que ver con intereses de empresas internacionales que tiene grandes negocios con todo la zona de influencia de LyFC”.
Sobre esta línea hay que tomar en cuenta que gran parte de estos problemas se deben al Gobierno Federal, para darse una idea es solo cuestión de ver las deudas de varias dependencias federales: Presidencia de la República: $ 5,801,045, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA): $ 321,308,108, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): $11,010,081, Telecomunicaciones de México: $ 10,165,279, Secretaría de Gobernación: $ 11,243,393, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): $ 998,689, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): $ 3,034,143, Consejo de la Judicatura Federal: $ 8,163,617, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): $ 13,252,520, Poder Judicial de la Federación: $ 7,060,101, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): $ 4,386,478, Secretaría de la Reforma Agraria (SRA): $ 2,504, 514, Lotería Nacional: $ 2,360,369, que en total se llega a una suma de 398,786,841 pesos.[11]
Estos privilegios no solo son exclusivos del Gobierno, el sector privado también los tenia, empresas como Nextel, Suburbia, Gigante, Geo Edificaciones, el Hipódromo de las Américas, el Grupo Nacional Provincial, Banco Bilbao Vizcaya, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Laboratorios Médicos El Chopo, Sears Roebuck de México, Camino del Sol a Santa Fe, Desarrollo Inmobiliario Santa Fe, Tiendas Soriana, Acermex, Periodística Meridiano, centro comercial Coppel, varias gasolineras, Universidad El Pedregal, Escuela Secundaria y Preparatoria Justo Sierra, Hospital de Traumatología del IMSS, Compañía Hotelera del Ángel y sucursales de Comercial Mexicana, Telmex, Blockbuster, Compañía Comercial Herdez, Milano, Elektra del Milenio, Sport City Lomas Verdes, Yale de México, Concanmex, Sanborns, Universidad La Salle, mina El Tesoyo, la pista de patinaje de Inmobiliaria Cielo Azul, la Pista Olímpica de Hielo, Cinemex Zaragoza, el edificio del Fideicomiso de Fomento Minero, Operadora Vips, el Club Deportivo Cruz Azul, las oficinas Cosbel, Hotel Motel Casa Blanca, diario Milenio, El Universal, etc. y así hasta llegar a 482 empresas. Además de que a Televisa y Televisión Azteca se les descontaba hasta el 50% por órdenes de Jorge Gutiérrez Vera, el último director de LFC y quien fue miembro del Consejo Editorial de Economía de Reforma.[12] En este sentido es importante recalcar que además de todo esto existían cuentas especiales de servicio a las grandes empresas industriales y comerciales, en donde los usuarios industriales pagaban a 46 centavos el kilovatio, mientras los usuarios domésticos lo pagan a $1.50.
Todo esto muestra como en el fondo lo que existe y persiste es la eterna disputa de la burguesía por destruir las conquistas laborales históricas de la clase trabajadora, en otras palabras este conflicto evidencia la actualidad de la lucha de clases, la burguesía en su conjunto busca elevar sus ganancias por el único medio posible: la explotación del trabajo. Así la extinción de LyFC beneficia a la burguesía en dos sentidos: primero, al robar la infraestructura de una empresa pagada por el pueblo se elimina por completo la inversión de capital constante ahorrándole cuantiosas cantidades de dinero a numerosas empresas, la privatización concentra la propiedad y por lo tanto la ganancia, dando lugar a pobres más pobres y ricos más ricos. Y segundo, al sabotear e intentar destruir uno de los sindicatos más fuertes del país lo que realmente se busca es implementar un régimen de flexibilización laboral, un sindicato como el SME se ha caracterizado por un contrato colectivo que realmente defiende los derechos de los trabajadores y además ha servido de punto de referencia para el sindicalismo mexicano, sin este sindicato se abre una puerta muy grande para que en México los contratos colectivos pasen a ser cosa del pasado y que la burguesía en su conjunto pueda flexibilizar el trabajo a su antojo, dando paso a un régimen laboral déspota modulado solo por las ambiciones de lucro de la clase capitalista.
En este sentido Raúl Pérez habla de la lucha del SME: “Esta no es una lucha por rescatar nuestro trabajo, esta lucha va mas allá, tenemos que luchar por dejarles buenas condiciones a las nuevas generaciones que vienen atrás, para que tengan la oportunidad de contar con un buen empleo, donde se les respeten sus derechos laborales, porque ya lo han anunciado estos tipos, pretenden ahorita que está esta situación en crisis, que está esta situación difícil, con el apoyo de las transnacionales y de los grandes capitales de este país, pretenden meter las reformas neoliberales: la flexibilización de los horarios de trabajo, la contratación individual, la contratación por ahora y que de ese pago por hora salga el dinero para pagar nuestra seguridad social, salga el dinero para pagar la educación”.
Este conflicto evidencia la relación que existe entre el gobierno y los capitalistas, las democracias occidentales, que a mi parecer deberían ser llamadas dictaduras burguesas, se caracterizan por un puñado de hombres poderosos que deciden, contemplando solo sus intereses, el destino de millones y que generalmente estos son los que pagan todas las consecuencias, así: “mediante la represión física, la manipulación ideológica y los alicientes selectivos, estos regímenes se las ingenian para orientar a la mayoría de sus súbditos al logro de objetivos exclusivamente particulares”. [13]
[1] Empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, banda ancha y televisión). Es la comercialización de los servicios telefónicos de voz junto al acceso de banda ancha, añadiendo además los servicios audiovisuales (TV). El servicio triple play es el futuro cercano para el desarrollo integral de comunicación entre hogares. El desarrollo actual de las empresas de telecomunicaciones, televisión por cable, televisión satelital, eléctricas, etc. conlleva una solución única para varios problemas: el servicio telefónico, televisión interactiva y acceso a Internet, todo en un mismo servicio. La diferencia que distingue a esta nueva categorización de tecnología consiste en que todos los servicios se sirven por un único soporte físico, ya sea cable coaxial, fibra óptica, cable de par trenzado, red eléctrica, o bien microondas, esto implica la mejora en la calidad de los servicios, nuevas posibilidades en telefonía y un abaratamiento (en teoría) de los mismos.
[2] Ángel I. Fosado Cruz, “LyFC y el SME presentaron a la SCT la solicitud para la concesión de triple play”, en Lux, México, vol. 608, junio de 2009, p, 11.
[3] Ibíd. p, 10.
[4] Loc. Cit.
[5] Rosalía Vergara, “Calderón y el SME: la guerra por la fibra óptica”, en Proceso, México, vol. 1719, 11 de octubre de 2009.
[6] Las citas de trabajadores salieron de una investigación de campo que hice con unos compañeros de la universidad, son los relatos de compañeros que nos expresaron su visión del problema.
[7] Jesusa Cervantes, “un colosal negocio de por medio”, en Proceso, México, vol. 1720, 18 de octubre de 2009, p, 25.
[8] Gutiérrez Roberto, Alberto Escamilla y Luis Reyes, “México 2006: implicaciones y efectos de la disputa por el poder político, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco”, México, 2007.
[9] Luis Castillo Farjat, “¿Qué hay detrás de la fibra óptica?” En La Resistencia Nacional Electricista, México, núm., 3, 2009, p. 6.
[10] Jesusa Cervantes, op. cit., p, 27.
[11] Rosalía Vergara, “todo mundo saqueó a luz y fuerza”, en Proceso, México, vol. 1719, 11 de octubre de 2009, p. 20.
[12] Ibídem. P. 21.
[13] Guillermo O´Donnell y Philippe C. Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario: conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Paidos, Argentina, 1988, p. 79.
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